No todo incumplimiento comercial constituye un delito. Sin embargo, determinadas conductas que ocurren dentro de una relación de negocios pueden superar el ámbito contractual y dar lugar a una investigación penal.

Esta diferencia resulta especialmente importante para empresarios, comerciantes, inversionistas y personas que mantienen relaciones contractuales.

Comprender dónde termina una controversia comercial y cuándo pueden existir elementos de relevancia penal permite evaluar adecuadamente los hechos y las vías jurídicas disponibles.

¿Qué es una controversia comercial?

Las relaciones comerciales se sustentan en acuerdos, obligaciones y compromisos entre las partes.

En el desarrollo de un negocio pueden surgir desacuerdos relacionados con pagos, entregas de mercancías, prestación de servicios, calidad de productos o interpretación de contratos.

Por ejemplo, una empresa puede incumplir una fecha de entrega, un cliente puede dejar de pagar una factura o dos socios pueden mantener posiciones diferentes respecto de determinadas obligaciones.

Estas situaciones pueden generar responsabilidad contractual y dar lugar a reclamaciones por las vías legales correspondientes.

El incumplimiento de una obligación, por sí solo, no demuestra la existencia de un delito.

¿Cuándo puede existir una conducta penal?

La situación puede cambiar cuando los hechos presentan elementos que corresponden a una conducta expresamente tipificada en el Código Penal.

Un ejemplo es la estafa.

En Panamá, el Código Penal contempla la obtención de un provecho ilícito mediante engaño, en perjuicio de otra persona.

Por consiguiente, no basta con demostrar que alguien perdió dinero o que la otra parte incumplió un contrato.

Es necesario examinar si existió un engaño jurídicamente relevante, su relación con la obtención del provecho ilícito y el perjuicio ocasionado.

La diferencia entre incumplir y engañar

Consideremos dos situaciones hipotéticas.

Primer escenario: incumplimiento comercial

Una empresa contrata a un proveedor para recibir determinada mercancía. El proveedor enfrenta dificultades financieras imprevistas, no puede completar la entrega y posteriormente incumple sus obligaciones.

Esta situación puede generar una controversia contractual. Sin embargo, la falta de cumplimiento no demuestra, por sí misma, que haya existido una estafa.

Segundo escenario: posible conducta penal

Una persona ofrece mercancías que sabe que no puede suministrar, utiliza información falsa para convencer al comprador y obtiene un pago mediante ese engaño.

En este caso podrían existir elementos que justifiquen examinar una posible conducta delictiva.

La diferencia no depende únicamente del resultado económico, sino de los hechos, de la conducta desplegada y de los elementos exigidos por la legislación penal.

¿Qué importancia tiene la intención al momento de contratar?

Uno de los aspectos que puede adquirir relevancia es determinar qué sabía y qué pretendía la persona cuando realizó las afirmaciones que motivaron la operación comercial.

No es lo mismo aceptar una obligación que posteriormente resulta imposible cumplir que inducir a otra persona a entregar dinero mediante un engaño.

Sin embargo, la intención no debe presumirse automáticamente por el incumplimiento posterior. Su valoración requiere examinar las circunstancias y los elementos de prueba disponibles.

Contratos, comunicaciones, comprobantes de pago, documentos comerciales y actuaciones anteriores o posteriores a la transacción pueden contribuir a esclarecer lo ocurrido.

¿Toda denuncia penal relacionada con un contrato implica que hubo un delito?

No.

La presentación de una denuncia pone determinados hechos en conocimiento de las autoridades competentes, pero no establece por sí misma que exista responsabilidad penal.

Corresponde a las autoridades investigar y determinar si los hechos reúnen los elementos necesarios para justificar una actuación penal.

Una controversia que surge de un contrato puede mantenerse exclusivamente en el ámbito civil o comercial. En otros casos, los mismos acontecimientos pueden presentar aspectos contractuales y penales que requieran análisis independientes.

La existencia de un contrato tampoco excluye automáticamente la posibilidad de una conducta delictiva.

¿Qué hacer cuando un conflicto comercial presenta posibles irregularidades?

Antes de decidir qué actuaciones legales emprender, conviene reconstruir los hechos de manera ordenada.

Es importante conservar los contratos, anexos, facturas, comprobantes de transferencias, correos electrónicos, mensajes y cualquier otra documentación relacionada con la operación.

También debe identificarse qué obligaciones fueron asumidas, cuáles se incumplieron y qué afirmaciones o conductas podrían resultar relevantes para determinar la naturaleza del conflicto.

Una evaluación jurídica permite establecer si corresponde formular una reclamación contractual, considerar mecanismos de solución de controversias o examinar la posible existencia de hechos penalmente relevantes.

Esta evaluación también es importante para quien recibe una denuncia penal como consecuencia de una disputa comercial.

Conclusión

En el ámbito de los negocios, no todos los conflictos económicos son delitos, pero tampoco toda conducta realizada dentro de una relación contractual queda fuera del alcance del derecho penal.

La cuestión fundamental no es solamente si hubo una pérdida económica, sino cómo se produjo y si los hechos reúnen los elementos de una conducta penalmente sancionada.

Identificar correctamente esta diferencia permite elegir la vía jurídica adecuada y evitar confundir un incumplimiento contractual con una posible conducta delictiva.

En ArosemenaLaw brindamos asesoría jurídica para analizar controversias comerciales, evaluar sus posibles implicaciones penales y determinar las alternativas legales aplicables a cada situación.